Los afectados por las casas irregulares en la Axarquía presentan alegaciones a la nueva ley LISTA
La defensa de este colectivo se basa en que las viviendas cuentan inicialmente con una licencia de obras, de primera ocupación y que pagaron todas las tasas e impuestos municipales demandados
La Asociación Salvemos Nuestras Casas Axarquía (SOHA) informó ayer de las alegaciones presentadas a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio debido al borrador de la nueva Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), tal y como recoge Europa Press.
La defensa de este colectivo se basa en que las viviendas cuentan inicialmente con una licencia de obras, de primera ocupación y que pagaron todas las tasas e impuestos municipales que los ayuntamientos le demandaron.
En la rueda de prensa organizada por la asociación estuvieron presente el presidente de SOHA Philip Smalley, y el portavoz, Mario Blancke. Ambos subrayaron que estas alegaciones se han presentado en virtud de sus objetivos, "entre los que se encuentra el principal: la defensa de los derechos de los propietarios de las viviendas irregulares".
Smalley, que agradeció el esfuerzo de la Consejería de Ordenación del Territorio en la redacción del nuevo texto, resaltó que esta ley reconoce por primera vez, en su artículo 158, la existencia de estas viviendas. El presidente insistió en que la existencia de la vivienda irregular en la Axarquía "es muy diferente a la vivienda ilegal, ya que estuvieron amparadas por un acto administrativo, es decir, la licencia de obras y la licencia de primera ocupación".
"Los propietarios de estas viviendas al adquirir las mismas pagaron las tasas e impuestos municipales que el ayuntamiento demandó y se le otorgó la licencia de obras tras satisfacer dichas tasas creando una apariencia de legalidad". Así, Samalley destacó que los propietarios de dichas viviendas, "viendo todo lo anterior, estuvieron convencidos de que estaban dentro de la más estricta legalidad".
Por otra parte, señalaron que "la nueva ley de ordenación del territorio de Andalucía, en caso de no modificar su articulado, obligaría a la Administración a revisar hasta 600.000 actos administrativos".
Por su parte, el portavoz de SOHA, Mario Blancke, valoró que su entrada en vigor "permita la autorización de obras parciales y circunstanciales de consolidación de las viviendas irregulares, cuando no estuviera prevista la expropiación o demolición".
Sin embargo, Blancke criticó la "ligereza por parte de los ayuntamientos en la aplicación del artículo 47.1.e de la Ley 39/2015 para declarar la nulidad de sus propios actos". "Este artículo se creó para una aplicación de manera excepcional, no para una utilización sistemática para tapar sus propias vergüenzas", señaló.
Por ello, Blancke instó a la Consejería a adoptar una solución "que no vuelva a perjudicar al ya perjudicado, el comprador de buena fe".