La Fiscalía Andaluza investiga la entrega de mascarillas caducadas del 2014 en la Axarquía
La denuncia ha sido realizada mediante la Federación de Empleados de los Servicio Públicos de UGT Andalucía, tras la entrega de un lote con la fecha tachada con rotulador negro
La Fiscalía Superior de
Andalucía ha abierto diligencias de investigación penal para esclarecer la supuesta
entrega de mascarillas caducadas a personal sanitario andaluz, entre los que se
encuentra el Hospital Comarcal de la Axarquía. La denuncia la ha llevado a cabo
mediante la Federación de Empleados de los Servicios Públicos de UGT Andalucía,
tal y como ha informado Europa Press.
En la denuncia, el sindicato ha defendido que el pasado 30 de abril tuvo conocimiento de la entrega de una partida de mascarillas quirúrgicas caducadas desde el 2014 a los profesionales sanitarios por parte de la Junta de Andalucía. La fecha de este lote se encontraba tachadas y dentro de un lote de mascarillas defectuosas según UGT. que alude en su denuncia a un informe en el que se expone que estas protecciones se recibieron en los almacenes del Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga-Axarquía y "procedían directamente de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud".
Según el informe, en marzo de 2015 las mascarillas Confort Cover ya tenían una señal negra con rotulador sin que el personal sanitario supiese que se ocultaba la fecha de caducidad del lote de mascarillas.
"Con anterioridad a esa fecha se había tenido que retirar un lote de la marca Garry Galaxy, mascarillas también defectuosas que se habían entregado a los profesionales sanitarios para su uso y que habían sido enviadas por el Ministerio de Sanidad, y que al igual que las mencionadas en el apartado anterior han puesto en riesgo a los profesionales sanitarios".
Así lo expone la denuncia, que también hace referencia a otro lote de mascarillas donadas de la marca Inuan y modelo KN95 que supuestamente no cumplían la protección estipulada para frenar el contagio del coronavirus, pero fueron distribuidas a profesionales sanitarios para su uso, "lo cual determinó que el Servicio Andaluz de Salud tuviera que investigar cuántos profesionales sanitarios las habían utilizado y ordenar la retirada de estas".